Mientras el consumo de energía en el país está creciendo el doble de lo proyectado, hay preocupación porque el sistema eléctrico no estaría preparado para atenderlo. Uno de los retos es cómo transportar la energía, pues en algunas zonas las redes actuales están saturadas por falta de inversión.

Una crisis energética se está cocinando a fuego lento en Colombia: el consumo de electricidad está creciendo al doble, pero sin tener respaldo en nuevas plantas de generación. De mantenerse este ritmo, se pondría en peligro no solo la transición energética sino la misma atención de los colombianos, pues el sistema no estaría preparado para atenderlos.

Así lo arrojó un reciente estudio de la Universidad Nacional, financiado por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), el cual contempla cinco escenarios que van desde construir todos los proyectos planeados hasta la fecha (el más positivo); la no entrada en operación de proyectos establecidos en zonas de conflicto social o ambiental (como La Guajira, Cesar y Magdalena) y la etapa 2 de Hidroituango; y, finalmente, desarrollar solo los que no han presentado inconvenientes.

De darse cualquiera de estas situaciones, el país afrontaría un déficit de energía eléctrica mínimo en 2027 y máximo en 2035.

El panorama

De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), el consumo de energía eléctrica en el país crecerá cada año entre un 2,2% y un 3,4%. Sin embargo, hoy el consumo real está creciendo por encima del 5%, es decir, el doble de lo proyectado.

Por esto, el punto de partida del informe, que es el mejor escenario posible, se prevé teniendo en cuenta la entrada de nuevos proyectos, lo que significa doblar la capacidad actual instalada del país en el transcurso de 10 años.

“Iniciamos con el mejor escenario posible, que sería realizar los 362 proyectos planeados, con los cuales se espera que la capacidad instalada para generar energía ascienda a los 19.234 megavatios (MW), teniendo en cuenta que a la fecha el país tienen una potencia instalada de 19 gigavatios (GW)”, comentó Santiago Arango, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y líder del proyecto.

En el segundo escenario se contempla la entrada del 79% de los proyectos mencionados anteriormente, es decir, de 15.187 MW, dejando por fuera los proyectos ubicados en zonas del país que pudieran presentar conflictos, como los de La Guajira, Cesar y Magdalena.

El tercer escenario, por su parte, se planteó proyectando que solo operarían los proyectos que no han reportado problemas hasta ahora. En este, no entra la etapa 2 de Hidroituango, por lo que la generación de energía ascendería a 15.305 MW.

Para el cuarto escenario el supuesto contempló que solo operaran los proyectos que no se encuentran supeditados a otros de generación y transmisión (redes de interconexión) para su viabilidad. Esto llevaría a ascender solo a 8,57 MW.

Y el quinto es considerado el más crítico y posiblemente el más realista: en este entran solo los proyectos que poseen obligaciones de energía en firme (OEF) u otros compromisos de venta de energía adquiridos en subastas.

Está compuesto por 26 proyectos con compromisos de mercado para ingresar antes de 2027. Estos representan 3,6 GW, aproximadamente el 19% de la capacidad actual del sistema. De esos, 17 proyectos están en la región Caribe y dependen del desarrollo de la línea de transmisión Colectora, cuya fecha de entrada es incierta.

De esta manera, los escenarios más desfavorables serían el cuarto y el quinto, pues en estos se presentaría un déficit de energía firme para 2027.

La energía firme se refiere a la electricidad con la que se puede contar en todo momento, incluso cuando haya alta demanda o variaciones climáticas. En ese sentido, el informe encontró que a partir de 2035 habría un balance negativo para todos los escenarios evaluados.

Transmisión, el reto

Uno de los problemas que tiene Colombia es cómo transportar la energía, pues en algunas zonas las redes actuales están saturadas por falta de inversión, lo que podría generar cortes puntuales.

Precisamente, esa fue una de las preocupaciones que destacó el informe, ya que afirma que la seguridad del suministro de electricidad estará comprometida si no se expande el sistema de transmisión nacional. Por esto, se hizo énfasis en que es esencial realizar ejercicios de planificación para la expansión de la red de transmisión de manera inmediata.

“Áreas operativas como Caribe y Chocó requieren de medidas inmediatas para mitigar el riesgo de demanda no atendida. El área Oriental requiere la estructuración de proyectos de expansión lo antes posible para reducir el riesgo de demanda no atendida hacia 2025-2026. Y Colectora I (cuatro proyectos condicionados a su finalización) y Sahagún (nueve proyectos condicionados a su finalización) son proyectos clave”, fue la advertencia.

En este sentido, otros expertos de la Universidad Nacional hicieron un llamado a diversificar y aumentar la oferta de energía, y a prestar especial atención a las redes de transmisión, ya que desde hace más de 10 años se está hablando de agotamiento en varias zonas del país.

Diego Torres, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), señaló para el Periódico UNAL que “ya no somos el país de los 90. Colombia ha crecido social y económicamente. Y la energía no es como el dinero, esto es algo que ni se crea ni se destruye. Y el problema es que nuestro consumo ha aumentado, pero parece que la oferta y la diversificación que hemos tenido no es suficiente”,

El docente pidió claridad al Gobierno Nacional y evitar los mensajes encontrados en una situación tan crítica como la energía. “Lo que pasó en los 90 no se puede repetir. Ahora, en esa época tuvimos una situación de seguridad muy compleja, que casi que desvió la atención de los famosos cortes de energía y ‘la hora Gaviria’, pero esa situación ya no la tenemos hoy en día. En estos momentos necesitamos estabilidad tanto económica como social para los grandes proyectos. El gobierno tiene que tomar las riendas de lo que está pasando”, dijo.

De hecho, hace unos meses XM, el administrador del mercado eléctrico del país, informó que ese incremento de más del 5% en la demanda de energía ejerce presión adicional sobre el sistema, lo que sería contraproducente teniendo en cuenta que hay redes de transmisión regional que presentan “agotamientos”.

“Lo anterior (el aumento en la demanda) ha dado lugar a que en algunas zonas del país se opere la infraestructura de transmisión cerca de los límites de seguridad de la red y que, dada la cargabilidad de los equipos usados o la ocurrencia de fallas, es alta la probabilidad de no poder atender completamente la demanda de los usuarios”, indicó la entidad.

Desde la óptica de Germán Corredor, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNAL, el panorama no es tan desolador, pues considera que si bien la demanda ha crecido, la oferta también lo ha hecho.

“Las plantas térmicas están disponibles porque a partir de ese racionamiento y esa experiencia pasada se han tomado medidas, como pagos por confiabilidad y se hacen pruebas permanentes para que estén disponibles en los momentos en que se requieran. Entonces, desde el punto de vista energético, yo veo con optimismo y no veo una posibilidad actual de racionamiento, salvo que el Fenómeno de El Niño se extienda más de lo normal, dado el cambio climático. Eso sí nos puede llevar a situaciones complejas”, dijo.

Sobre la alerta de XM, Corredor también afirmó que las redes están saturadas debido a la falta de inversión: “La Costa Atlántica, en materia de distribución, ha sido atendida fundamentalmente por empresas privadas, con muy baja inversión. Hace unos tres años se le entregaron esas redes a Air-e y Afinia, pero resolver ese problema de atraso de inversión en redes no es a corto plazo. Y eso nos podría llevar a ciertos cortes puntuales en momentos en que la demanda de potencia crezca”.

La incertidumbre frente a la Creg

La semana pasada el fantasma de un apagón volvió a estar en el debate público. La Contraloría General de la República expresó su creciente preocupación por el vacío institucional que sufre actualmente la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en un momento en que la llegada del Fenómeno de El Niño al país requiere de medidas regulatorias.

Según el órgano, mientras esta situación se mantenga no se podrán tomar decisiones sobre las tarifas, lo que podría impactar a los usuarios y las finanzas de la Nación.

Uno de los hechos que prende las alarmas, manifestó la Contraloría, es que ya perdió vigencia la Resolución Creg 101031 de 2022 sobre ‘tarifas justas’, que significaba el aplazamiento del cobro a los usuarios de las tarifas reales. La situación actual impide analizar estudios para diferir la opción tarifaria, que en su momento minimizaba el riesgo de un “apagón financiero”.

Así, al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio, especialmente en la costa Caribe, pueden superar el 15%, “afectación que puede volverse incontrolada ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1, 2 y 3”.

Cabe resaltar que aunque ya el Ministerio de Minas oficializó el nombramiento de Omar Prías Caicedo como uno de los nuevos comisionados de la Creg, siguen faltando comisionados expertos para sesionar en pleno y tomar decisiones.

Diversificación de la oferta

Por otro lado, los autores del estudio también plantearon que la expansión de la generación se debe complementar con tecnologías diferentes a la solar, pues se podrían generar inconvenientes hacia el año 2036 en cuanto a garantizar el servicio en las horas pico de la noche.

Esto, puesto que el 85% de la nueva capacidad asignada es solar, algo que generaría desafíos para la potencia en horas de demanda máxima sin sol. “Las plantas solares y eólicas no ofrecen niveles de energía firme comparables alas plantas hidroeléctricas o térmicas. La generación solar no es soporte para la demanda máxima nocturna. Planificar un margen de potencia permitiría garantizar la disponibilidad operativa. El almacenamiento es una opción”, anotaron.

La semana pasada el fantasma de un apagón volvió a estar en el debate público. La Contraloría General de la República expresó su creciente preocupación por el vacío institucional que sufre actualmente la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en un momento en que la llegada del Fenómeno de El Niño al país requiere de medidas regulatorias.

Según el órgano, mientras esta situación se mantenga no se podrán tomar decisiones sobre las tarifas, lo que podría impactar a los usuarios y las finanzas de la Nación.

Uno de los hechos que prende las alarmas, manifestó la Contraloría, es que ya perdió vigencia la Resolución Creg 101031 de 2022 sobre ‘tarifas justas’, que significaba el aplazamiento del cobro a los usuarios de las tarifas reales. La situación actual impide analizar estudios para diferir la opción tarifaria, que en su momento minimizaba el riesgo de un “apagón financiero”.

Así, al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio, especialmente en la costa Caribe, pueden superar el 15%, “afectación que puede volverse incontrolada ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1, 2 y 3”.

Cabe resaltar que aunque ya el Ministerio de Minas oficializó el nombramiento de Omar Prías Caicedo como uno de los nuevos comisionados de la Creg, siguen faltando comisionados expertos para sesionar en pleno y tomar decisiones.