La Contraloría General de la República hizo una dura advertencia al gobernador de Córdoba, Orlando Benítez y a la gerente de Aguas de Córdoba, Gloria Cabrales, por cuenta de las presuntas irregularidades encontradas en  el Acueducto Regional San Jorge el cual sigue inconcluso.

Según el  informe del organismo de control, el valor total del contrato es de $92.849.666.478 y han  pagado el 88.2% del dinero, cuyo proyecto tenía como fin abastecer de agua a Planeta Rica, Pueblo Nuevo, La Apartada y Buenavista, desde hace más de ocho años y no se ha cumplido el objeto.

El contratista de este proyecto es el Consorcio Acueducto Regional San Jorge, representado por  Carlos Pernet Abdala, y la interventoría antes estuvo a cargo de Fonade, y luego la Gobernación contrató  al consorcio Interacueducto San Jorge, representante legal Daniel Villegas Vega.  

El contrato inicial de la obra fue de $68.742.007.445 millones, más una adición de $24.107.659.033  de los cuales se han pagado al contratista $81.856.605.504, lo cual corresponde a un 88,2% de avance financiero.

La Contraloría sostuvo que, con relación con el avance físico en el proyecto San Jorge, no hay consistencia en la información reportada por la empresa Aguas de Córdoba S.A E.S.P, toda vez que para el 4 de octubre de 2022 indicaban un 95.5% y para el mes de mayo de 2023, bajó el porcentaje a 90.99%.

Advierte la Contraloría que, en el caso del acueducto Regional San Jorge, al no haber certeza de la adquisición de póliza que ampare las obras desde su reinicio, existe un alto riesgo de pérdida de los recursos invertidos, si se continúa con el procedimiento para la declaratoria de incumplimiento pretendida por el contratante.

Es preocupante para el organismo de control  que de llegar a concluirse el proyecto San Jorge, como no se ha definido el operador por parte de los alcaldes municipales, también está en riesgo su entrada en funcionamiento.

 Se supo que esa entidad realizó dos visitas a las obras, entre el  20 al 25 de febrero de 2023, requiriendo a la gerente general de la empresa de servicios públicos domiciliarios contratante, la información sobre el estado de los permisos solicitados a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al contratista del proyecto San Jorge, sobre otros aspectos de la ejecución del cronograma.